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Quizá la mayoría de los lectores no saben que yo estudié para abogada y que al principio de mi carrera defendí casos de derecho laboral. Tampoco saben que más adelante fui jueza y directora de la corte municipal por casi diez años.  Esta experiencia me dio un conocimiento profundo del sistema judicial. 
 
En el Condado de Harris cualquier día del año hay más de 10,000 reos en nuestras cárceles.  No tenemos localmente suficiente espacio para alojar a este número de prisioneros y hemos tenido que enviarlos a otras localidades en Texas y Louisiana. 
 
Además de tener un costo muy alto, el hecho de tener una población tan grande encarcelada  es un indicador de que hay que hacer ajustes en este campo.   Por eso, desde hace un año he sido vice presidenta del Concilio de Coordinación de la Justicia Criminal.  La misión de este concilio es encontrar soluciones prácticas a la sobrepoblación de nuestras cárceles.
 
Un paso importante en este sentido es la creación de una oficina con abogados de planta que se dediquen a representar legalmente a los que no tienen dinero para pagar a un abogado.  El Condado de Harris es uno de los pocos condados grandes del país que no tienen una Oficina de los Defensores Públicos.
 
Hasta ahora los acusados que no tienen recursos económicos para tener defensa legal se asignan a abogados independientes definidos por los jueces.  En muchas ocasiones estos abogados, “contratados” por la corte para defender a los indigentes, retrasan el proceso de los casos y obligan a los acusados a permanecer en la cárcel más tiempo de lo necesario. 
 
Es por ello que la solución más apropiada es tener un departamento dentro del gobierno del condado que atienda a los casos de gente necesitada.  Después de un largo proceso de decisión colegiada en la corte de comisionados, hemos decidido arrancar la Oficina de los Defensores públicos con una fórmula mixta.  Es decir, vamos a contratar un equipo de abogados de “tiempo completo” y todavía se van a asignar casos a abogados “externos” para que atiendan a todos los acusados que no puedan pagar a su defensa legal. 
 
Inicialmente, la Oficina de Defensores Públicos va a arrancar en forma paulatina.  Se tiene que empezar con un modelo que nos permita hacer cambios en el camino.  Es por eso que hemos decidido no cambiar radicalmente el sistema que está en pie hasta ahora.
Se ha creado un comité supervisor de la oficina de defensores públicos integrada por representantes de todos los grupos interesados, incluyendo representantes de la comunidad indigente e incluso algunos ministros religiosos que representan a grupos desprotegidos.   Este comité fue decisivo para que el gobierno estatal autorizara los fondos para cubrir la primera etapa de la oficina. 
Tenemos luz verde para integrar el equipo de trabajo que iniciará la oficina.  Estamos reclutando desde ya a las personas más capacitadas para arrancar la Oficina de los Defensores Públicos.  Planeamos abrirla en febrero de 2011.  Este es un objetivo que vamos a cumplir sin ningún retraso. 
Desgraciadamente, muchos de los que requieren ayuda legal gratuita son Hispanos.  Por mi parte, yo encabezaré un esfuerzo para que se atienda en español a quienes no tienen suficiente conocimiento del inglés.  La asesoría legal tiene que ser un instrumento efectivo para los que necesitan de ella.  Sin condiciones ni barreras de idioma. 
 
Como ustedes comprenderán, el inicio de este nuevo sistema de defensa no ha sido fácil.  Hemos tenido que sobrepasar muchos intereses de quienes se beneficiaban del sistema anterior.  Y de quienes rechazan el cambio en forma sistemática por temor a lo desconocido. 
 
La fórmula que estamos siguiendo ha sido probada en diferentes regiones del país.  Pondremos en ella nuestro mejor esfuerzo para que se atienda al mayor número de personas.  
Como siempre, un nuevo servicio del gobierno requiere de la participación ciudadana.  Conozcan sus derechos, hagan sugerencias positivas y comuníquense con los funcionarios que los representan para expresar sus opiniones.   
 
Con la oficina de los defensores públicos se va a ofrecer una procuración de justicia más adecuada a las necesidades del tercer condado más grande de los Estados Unidos.  Y esto es una muy buena noticia. 
 
Sylvia R. Garcia
 
Comisionada del Precinto 2 y Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO)